La actividad, denominada "La pupuseada por San Vicente", inició en el parque Bristow, en Commerce, en donde - además de las pupusas - vendieron otros platos típicos y refrescos.
Uno de los que se unió a la buena iniciativa fue Mario Trejos, oriundo de Usulután. Junto a su esposa, María Inés Sanabria, de San Salvador, escucharon el llamado de los organizadores y se movilizaron en su camioneta, la que llenaron con artículos.
"Trajimos ropa, zapatos y películas para los niños", manifestó Trejos, mientras bajaba las bolsas de su carro en el Parque Bristow. "La gente necesita de nuestra ayuda y es el momento de darla".
Mientras tanto, en el estacionamiento de uno de los supermercados Liborio, varias empresas se unieron para donar lo que vendieran, a la causa de los damnificados de la tormenta Ida.
Al estacionamiento de uno de esos supermercados también llegó el agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Javier Mancía, quien emigró de El Salvador cuando tenía 17 años. A pesar del tiempo y la distancia, aseguró que el amor que siente por su país es muy fuerte y por eso contribuyó con la causa.
Pero su intención no llegó hasta allí. Él solicitó un permiso al capitán de su división para realizar una actividad de recaudación entre sus compañeros en la estación Rampart. El domingo aún buscaba ayuda para enviar lo recolectado a El Salvador.
Connacionales acuden al llamado de solidaridad, a pesar de la crisis
Por su parte, el secretario técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, minimizó ayer el impacto de la noticia, y dijo que no habrá ninguna consecuencia práctica.
Moody's, con sede en Nueva York, informó el domingo su decisión de bajar la calificación de riesgo para los bonos gubernamentales del país y ubicarlos en una categoría conocida en el caló del mundo financiero como "bonos chatarra".
La firma calificadora bajó los bonos estatales salvadoreños del escalón Baa3, el más bajo de los de la categoría de "grado de inversión", a la de Ba1, que es el peldaño más alto de los de la categoría de "grado especulativo". Moody's asignó, además, la perspectiva negativa.
El vicepresidente de Moody's, Mauro Leos, dijo en un comunicado que la baja en la calificación de los bonos salvadoreños se debe a que el "colapso de la actividad económica" ha conducido a un shock negativo en las rentas del gobierno, lo cual ha comprometido la perspectiva fiscal en el corto plazo.
"Es una cosa que ya se veía venir. No es sorpresa", dijo por su parte, Rafael Barraza, director de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
Barraza añadió que al perder los bonos estatales de El Salvador el grado de inversión, el Gobierno tendrá menos inversionistas interesados en comprar dichos títulos de deuda.
"Hay ciertos inversionistas institucionales que ya no van a poder invertir en las emisiones de deuda de El Salvador", dijo el también ex presidente del Banco Central de Reserva (BCR).
El economista agregó que al caer los papeles estatales de deuda en la categoría que los inversionistas llaman 'bonos basura', es muy probable que la tasa de interés que deberán pagar estos títulos se incremente, que su precio baje, o en el peor de los casos, que ambas cosas ocurran.
GOBIERNO MINIMIZA IMPACTO
Por su parte, el Secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, dijo que la baja en la calificación de riesgo del país prácticamente no tendrá ninguna consecuencia.
"No creo que haya, en términos prácticos, ninguna consecuencia", sostuvo ayer el funcionario. "Por supuesto, nos preocupa hacia adelante. Tenemos que mejorar las calificaciones, pero en términos prácticos, yo no creo que haya ninguna consecuencia".
Segovia añadió que a raíz de la emergencia por los destrozos que causó la tormenta tropical Ida, el país ha visto una "respuesta internacional excelente", refiriéndose a la ayuda humanitaria y al ofrecimiento de préstamos para la posterior etapa de reconstrucción.
El Diario de Hoy también consultó al presidente del Banco Central , Carlos Acevedo, pero éste declinó opinar sobre el tema asegurando que se encontraba en una reunión en Nueva York.
El Secretario Técnico agregó que el Gobierno planea poner esta semana a la venta una emisión de bonos por 800 millones de dólares, y dijo que "hay grandes expectativas, creemos que no vamos a tener ningún problema".
Ayer mismo, el sitio de Internet Bloomberg.com informó que El Salvador ha contratado a los bancos Citigroup Inc. y JP Morgan Chase & Co. para arreglar un emisión de bonos a diez años, por una cantidad no precisada.
Se trata de una emisión tipo "benchmark", que típicamente significa al menos 500 millones de dólares, dijo Bloomberg, citando a "una persona involucrada en la transacción" que declinó ser identificada porque los términos aún no están definidos.
Por su parte, Alejandro Alle, analista económico y columnista de El Diario de Hoy, dijo ayer que la baja en la calificación de riesgo para los bonos gubernamentales de El Salvador es consecuencia de la crisis económica global, que ha generado una caída en las remesas familiares y en las exportaciones.
Alle añadió que otro factor es la falta de madurez y el grado de polarización política que impera en el país.
El economista dijo que el hecho de que un grupo de diputados se cambie de partido político, y que haya dos proyectos de generación eléctrica estancados no ayuda a mejorar la percepción del riesgo país que tienen los inversionistas internacionales.
El analista dijo que la baja en la calificación de riesgo de los bonos gubernamentales también afectará a grandes empresas salvadoreñas que contraigan deuda en mercados extranjeros.
El Salvador pierde grado de inversión
El jefe castrense, David Munguía Payés, aseguró ayer que en sólo diez días de trabajo el promedio de homicidios diario ha bajado a diez.
"Hemos hecho un balance preliminar y lo que hemos determinado es que los índices delincuenciales han bajado. Han bajado el porcentaje de homicidios y extorsiones. Nosotros estimamos que en estos momentos pudiéramos andar entre los diez y once (homicidios por día)", sostuvo el funcionario.
Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, tiene otra lectura y, por el contrario, aseguró que la reducción de los homicidios venía registrándose desde los últimos días de octubre.
"Desde más o menos los últimos ocho días del mes de octubre comenzó a observarse una disminución. La Fuerza Armada incrementó su apoyo el mes de noviembre", expresó.
Octubre terminó con 421 homicidios y un promedio diario de 13 muertes. Ese mes fue considerado el más violento en el país desde hace diez años.
Según el ministro Munguía Payés, en los diez días de despliegue militar ya están viendo cambios. "Hay comunidades en donde los negocios cerraban a las 5:00 de la tarde y hoy están cerrando a las 9:00 de la noche. Ya algunas familias salen a las aceras por la tarde y los niños salen en bicicleta, osea, que algo diferente está sucediendo cuando estamos operando", afirmó el funcionario, quien no descartó extender aún más el trabajo militar para lograr mejores resultados.
Durante los primeros días de noviembre, la Policía ha registrado un promedio de nueve muertes violentas por día.
Pero cuando se le preguntó a Melgar si él creía que la reducción era por el apoyo militar, éste contestó con desdén que "en algo han de haber contribuido".
Por el contrario, Melgar antepuso un plan de seguridad liderado por la Policía y que tiene mayor énfasis en la prevención del delito.
"La Fuerza Armada incrementó su apoyo el mes de noviembre. Se ha visto una leve disminución, lo cual es positivo, pero yo quisiera recordar que nosotros estamos impulsando un plan integral, donde hay distintas instituciones participando y donde la responsabilidad principal la lleva la Policía Nacional Civil", señaló Melgar.
A la Fuerza Armada a se le ha dado el control de los patrullajes según un decreto ejecutivo, promulgado por el presidente Mauricio Funes, un mes antes de que se reforzara a la Policía, por la "insuficiencia de sus recursos".
FAES: "Hemos bajado los homicidios a diez"
El jefe castrense, David Munguía Payés, aseguró ayer que en sólo diez días de trabajo el promedio de homicidios diario ha bajado a diez.
"Hemos hecho un balance preliminar y lo que hemos determinado es que los índices delincuenciales han bajado. Han bajado el porcentaje de homicidios y extorsiones. Nosotros estimamos que en estos momentos pudiéramos andar entre los diez y once (homicidios por día)", sostuvo el funcionario.
Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, tiene otra lectura y, por el contrario, aseguró que la reducción de los homicidios venía registrándose desde los últimos días de octubre.
"Desde más o menos los últimos ocho días del mes de octubre comenzó a observarse una disminución. La Fuerza Armada incrementó su apoyo el mes de noviembre", expresó.
Octubre terminó con 421 homicidios y un promedio diario de 13 muertes. Ese mes fue considerado el más violento en el país desde hace diez años.
Según el ministro Munguía Payés, en los diez días de despliegue militar ya están viendo cambios. "Hay comunidades en donde los negocios cerraban a las 5:00 de la tarde y hoy están cerrando a las 9:00 de la noche. Ya algunas familias salen a las aceras por la tarde y los niños salen en bicicleta, osea, que algo diferente está sucediendo cuando estamos operando", afirmó el funcionario, quien no descartó extender aún más el trabajo militar para lograr mejores resultados.
Durante los primeros días de noviembre, la Policía ha registrado un promedio de nueve muertes violentas por día.
Pero cuando se le preguntó a Melgar si él creía que la reducción era por el apoyo militar, éste contestó con desdén que "en algo han de haber contribuido".
Por el contrario, Melgar antepuso un plan de seguridad liderado por la Policía y que tiene mayor énfasis en la prevención del delito.
"La Fuerza Armada incrementó su apoyo el mes de noviembre. Se ha visto una leve disminución, lo cual es positivo, pero yo quisiera recordar que nosotros estamos impulsando un plan integral, donde hay distintas instituciones participando y donde la responsabilidad principal la lleva la Policía Nacional Civil", señaló Melgar.
A la Fuerza Armada a se le ha dado el control de los patrullajes según un decreto ejecutivo, promulgado por el presidente Mauricio Funes, un mes antes de que se reforzara a la Policía, por la "insuficiencia de sus recursos".